COMUNICADO
ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE MIGRANTES Y FAMILIARES DE MIGRANTES
Chinandega, Nicaragua, 2 y 3 de Julio, 2013
Nosotros “Comités de migrantes y familiares de migrantes” y organizaciones de la sociedad civil de México, Centroamérica y Panamá, reunidos en la ciudad de Chinandega, el 2 y 3 de julio de 2013, en el Encuentro Centroamericano de la dimensión socio-pastoral de la Red Jesuita con Migrantes, para analizar la situación actual de la migración en estos países sostenemos que:
• En los últimos años se ha incrementado el número de connacionales que salen de nuestros países y, consecuentemente, un significativo aumento de migrantes deportados. Reconocemos el avance que puede representar para muchos de muchos y muchas centroamericanas en el exterior la reforma migratoria que ahora se debate en la Cámara Baja de Estados Unidos. Sin embargo, nos preocupa que de la mano de esta reforma se apliquen medidas de mayor crueldad en el control de las fronteras, situación que limitará la protección de los derechos humanos de los y las migrantes. La movilidad de personas no cesará, mientras en nuestros países se les siga negando las oportunidades de bienestar y vida digna para ellas y sus familias.
• Entre las múltiples causas que provocan la migración forzada en Centroamérica resaltamos el empobrecimiento y la violación sistemática a los derechos humanos a través del desempleo y subempleo, especialmente la falta de oportunidades para la juventud, la ausencia de una acción decidida del Estado a favor del desarrollo rural, la corrupción que ha debilitado el sistema político, la institucionalidad pública y los bienes del Estado en beneficio individual y en detrimento del bien común, la conflictividad social generada por la amenaza en los territorios de las empresas extractivas y la violencia generalizada.
• Algunas autoridades políticas, policiales y migratorias de los países no tienen presente en sus agendas la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes; es más, algunas de ellas se presume que actúan en complicidad con el crimen organizado en actos de violencia e intimidación contra migrantes. En especial vulnerabilidad se encuentran las mujeres, niños, niñas y adolescentes, que incluso son víctimas de violencia sexual y trata.
• No existen o son muy limitados los programas de ayuda inmediata y permanente a los y las migrantes y sus familiares.
• Los marcos legales y las políticas públicas vigentes en nuestros países centroamericanos no se adaptan a la realidad de los y las migrantes.
Ante los riesgos de la ruta migratoria y el sufrimiento de migrantes y sus familiares, diferentes colectivos hemos colaborado para la organización y fortalecimiento de comités de migrantes y familiares de migrantes; brindamos ayuda humanitaria en alimentación, salud, documentación y repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos y asesinados en el exterior; ofrecemos apoyo para el trabajo psicosocial a familiares de migrantes, principalmente a madres de desaparecidos, migrantes retornados con discapacidad y abuelas cuidadoras de nietos hijos de migrantes; trabajamos permanentemente en la revisión de propuestas de leyes y políticas migratorias e incidimos para que estas sean para la protección de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares. Para todo ello formamos redes nacionales y regionales en pro de los migrantes y sus familiares.
A las autoridades políticas, policiales y migratorias de México, Centroamérica y Panamá exigimos que:
• Desde las municipalidades y otras estructuras de poder local, se respalde a las organizaciones de familiares de migrantes ya existentes y se generen alianzas con países vecinos para establecer mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos de los migrantes.
• Desde las municipalidades, comités locales y organizaciones aliadas de la sociedad civil, elevar propuestas a los Congresos de las repúblicas para la adaptación de los marcos legislativos.
• Se constituya un fondo de ayuda para los familiares de migrantes y migrantes deportados, para generar proyectos de reactivación económica y de desarrollo social.
• Se visibilice y reconozca el aporte de las remesas al desarrollo local y al PIB nacional, y que las mismas se vinculen a las políticas de desarrollo local y rural de las comunidades de origen de migrantes.
• Se exija, demande y denuncie, en los ámbitos internacionales, la aplicación de los mecanismos internacionales para la protección efectiva de las personas migrantes, y que los Estados pongan en primer término los derechos humanos de los y las migrantes, antes que las políticas de control y seguridad.
Firmamos todas las organizaciones presentes:
Comité de Familiares de Migrantes de Progreso (COFAMIPRO)
Servicio Jesuita a Refugiados Panamá (SJR)
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica – México (RJM-CA&NA)
Pastoral de Movilidad Humana de Honduras (PMH)
Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (AMIREDIS)
Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua (CEB)
Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica – Nicaragua (ASTRADOMES)
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC-CONFRES)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
Asociación Desarrollo Social de Ixcán, Guatemala (ADESI)
ENLACE, comunicación y capacitación AC (México)
Comité de Migrantes y familiares – Parroquia San Bartolomé, El Salvador
Comités de Migrantes y familiares de Migrantes de Chinandega
Movimiento de Trabajadores Cristianos y cristianas (MTC)
