¡NO MÁS INDIFERENCIA Y DESHUMANIZACIÓN!
Un alarmante clamor hacia los Estados de Centroamérica y Norteamérica
En Centroamérica, y especialmente en el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) la distinción entre personas migrantes víctimas de la exclusión económica y aquellas que escapan en busca de refugio es cada vez más difícil, pues en muchos casos la crisis económica, la violencia, la persecución y la reunificación familiar son factores que obligan a miles de centroamericanos a dejar su país de origen. Estos nuevos flujos mixtos implican importantes desafíos, ya que como la propia Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce, las causas de la movilidad humana pueden ser múltiples, complejas y operan de forma interconectada. Por lo anterior, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de protección interna e internacional, es necesario identificar y entender estos nuevos dinamismos que se presentan en el desplazamiento forzado de personas.1.
En los últimos años se ha incrementado significativamente el número de solicitantes de asilo y refugiados provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Las solicitudes de los tres países han pasado de 6,864 en 2009 a 15,694 en 2013, es decir, un aumento del 130% (según UNHCR Global Trend 2000- 2013). En el año 2013 se registran un total de 18,577 refugiados reconocidos del triángulo norte centroamericano. Como señaló en el año 2012 Fernando Protti, representante de ACNUR en Mesoamérica: que se registren tantas personas centroamericanas con estatus de refugiado no es normal para una región "supuestamente" en paz. Tradicionalmente, buscan protección internacional, solicitan el estatus de refugiado en los Estados Unidos, Canadá y México; aunque ya se registran casos en otros países de la región (Costa Rica, Nicaragua, Belice y Panamá); De los 15, 694 solicitudes en 2013, el 89% fueron en Estados Unidos y Canadá, y un 8% en México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, es decir, 1,283 personas.
Urgente atención requieren los grupos más vulnerables, como las personas menores de edad no acompañadas. Dos investigaciones de ACNUR2 en torno a esta problemática han revelado que el 58% de los menores interceptados en EUA y entrevistados (404) tienen necesidad de protección internacional; y un 48.6% alojados en estaciones migratorias en México y entrevistados (280) manifestaron haber salido por causas relacionadas con violencia y seguridad. Además, se constató que el 73% de los niños y niñas no habían recibido información sobre su derecho a solicitar asilo en México.
Sin embargo, estas personas suelen ser víctimas no solo de Estados que no tienen capacidad ni voluntad de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, sino también de marcos jurídicos e institucionales de México y Estados Unidos que no reconocen el derecho a protección internacional a las personas que huyen por violencia. En 2013, solamente 1,448 solicitantes de asilo centroamericanos fueron reconocidos como refugiados.
Entre el año 2006 y 2013, Estados Unidos recibió 48,550 peticiones de asilo de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, pero solamente aprobó el 15.5% de ellas. El marco legal para conceder asilo suele favorecer a las personas que sufren persecución directa por parte de actores estatales, o cuando dicha persecución se basa en motivos como la raza, la opinión política, la nacionalidad o la religión. En cambio para las personas que huyen de situaciones violentas complejas, difíciles de explicar en los términos legales necesarios, especialmente si no se garantiza el derecho a un abogado, la posibilidad de lograr protección en los Estados Unidos es muy pequeña. Y este es el desalentador panorama que encuentran muchos solicitantes de asilo centroamericanos. Según un informe de la Universidad de Syracuse en Nueva York, proyecto “Trac Immigration” sobre el acceso a la justicia de menores no acompañados y familias migrantes solicitando asilo u otro estatus humanitario3, un 73% de los menores que tuvieron abogados en el proceso tuvieron la oportunidad de quedarse bajo alguna forma de protección en Estados Unidos. Sin embargo, de los menores que fueron a la Corte sin abogado, solo el 15% pudo quedarse. Según ese mismo informe, solo el 43% de los casos de menores tuvieron representación de abogado.
A pesar del compromiso de México para la protección de las personas refugiadas en su marco jurídico interno, en 2013 sólo se aceptó el 23,5% de las solicitudes de asilo presentadas por los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños4. Sin incluir las visas de trabajo temporales disponibles para los guatemaltecos y beliceños, México sólo concedió 9.028 nuevos permisos de residencia temporal o permanente a los centroamericanos en 2013 y sólo 142 fueron por razones humanitarias5. Organizaciones de la sociedad civil señalan como obstáculos el hecho de que la violencia sistémica y multicausal de los países no se considera en la práctica, como un elemento para otorgar asilo, así como las prácticas de disuasión por parte de las instancias de apoyo; la dificultad de identificar el perfil de condición de refugiado en el tránsito; el no haber alternativas a la detención en el caso de que la persona se encuentre en una estación migratoria; o el hecho de que las personas ligadas al crimen organizado y otras formas de violencia son factores que inciden en que las solicitudes sean rechazadas. Aunado a la baja tasa de reconocimiento, un aspecto preocupante es que se irrespete el principio de no devolución en los procesos de detención y deportación, un derecho fundamental en el marco de la protección internacional. México y Estados Unidos han aumentado rápidamente su capacidad para interceptar, detener y deportar a los migrantes y refugiados centroamericanos. Esto tiene su reflejo en el incremento vertiginoso del número de personas del triángulo norte deportadas, que en 2014 ha sido de 250,539 personas si se contabiliza los tres países centroamericanos6. Pero los procedimientos de control, intercepción y deportación no van precedidos de pruebas que evalúen si estas personas requieren algún tipo de protección internacional, lo que deja en extrema vulnerabilidad a aquellos centroamericanos y centroamericanas que hayan experimentado violencia o amenazas dirigidas específicamente a ellos en sus países de origen y que huyeron para salvar sus vidas.
Por su parte, los Estados de la región centroamericana no ofrecen alternativas de desarrollo ni soluciones a la violencia estructural que se vive cotidianamente más allá de la militarización de las sociedades. Al contrario, han profundizado y radicalizado el sistema socioeconómico neoliberal impulsado a finales del siglo pasado, por lo que el empobrecimiento de la mayoría y la acumulación de riqueza de unos pocos se agudizan. La falta de políticas efectivas de protección de los derechos de los grupos vulnerables, como la niñez y adolescencia ha sido continuamente denunciada en Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como la “criminalización de la juventud”. Los niños, las niñas y los jóvenes no logran acceder a una educación de calidad, ni a un horizonte de trabajo digno. La desigualdad y exclusión social se expresan en comunidades y colonias empobrecidas y con altos índices de violencia, que ofrecen pocas alternativas a sus habitantes, quienes a veces se ven forzados a optar por la migración o la incursión en actividades ilícitas. Ante esta situación, los gobiernos se han mostrado incapaces de proteger a la población, y de impulsar propuestas efectivas que rompan el círculo de una creciente violencia e inseguridad. Y las nuevas políticas de desarrollo propuestas, enmarcadas en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, parecen no tener nada de “nuevas”, sino más bien podrían agudizar el éxodo de los centroamericanos y centroamericanas. Este sistema neoliberal vulnera el tejido social, y lo evidencian factores como la separación obligada que enfrentan las familias por la migración, la escasa movilización social, la violencia cotidiana asociada a las pandillas o fuerzas paramilitares, o la corrupción en los gobiernos.
Ante esta situación, la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica recomienda:
- Que los Estados implementen los compromisos internacionales y las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de asilo y refugio.
- Que apliquen de manera progresiva la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 de acuerdo a los nuevos contextos y los retos actuales que enfrenta la región en cuanto a protección internacional.
- Que implementen de manera efectiva la Declaración de Cartagena de 1984, que amplía el ámbito de las personas que deben tener acceso a protección internacional, al incluir “a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.”
- Especial atención merece el compromiso que los Estados latinoamericanos asumieron al firmar la Declaración de Brasil, en diciembre de 2014, y su Plan de Acción, para fortalecer la protección y promover soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. El Plan de Acción incluye, entre otros, el compromiso de mejorar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y la gestión de todos los temas relacionados con el derecho a solicitar y recibir asilo7.
- Que se adopten los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de asilo, apatridia, migración y de todos aquellos grupos de personas con necesidades de protección en contextos de movilidad humana.
Que se garanticen las posibilidades de protección internacional en Estados Unidos y México.
- Urge mejorar la supervisión de los procesos de control de asilo y trata de personas en Estados Unidos. Esto implica asegurarse de que se les pregunte a todas las personas detenidas si temen regresar a su país de origen, y si responden de manera afirmativa que se les haga una entrevista de temor creíble. También es necesario ampliar las interpretaciones jurídicas de la realidad de violencia mesoamericana y evitar el riesgo de enviar de vuelta a personas que tienen verdadera necesidad de protección internacional.
- El gobierno de México, en particular la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debe fortalecerse para desarrollar y poner en marcha las mejores prácticas para la identificación y el tratamiento de los solicitantes de asilo y víctimas de trata de acuerdo a su legislación. Esto implica desde ampliar el número de oficinas y personal, ofrecer una mayor claridad sobre lo que constituye un derecho legítimo para evitar denegaciones arbitrarias, e incluso supervisar que el Instituto Nacional de Migración pone puntualmente en manos de COMAR los casos de asilo y que los agentes no disuadan a los solicitantes de tramitar sus reclamaciones.
Que los gobiernos de origen asuman su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos a sus connacionales.
- Que promuevan una solución integral regional que prioricen la atención de las causas estructurales que originan la migración y las condiciones que generan las solicitudes de asilo. Urge que las prioridades de las políticas de Estado enfrenten el aumento reducción del desempleo, la desigualdad social, la violencia, la corrupción y la impunidad. Que se fortalezca el sistema de justicia ,la prevención de la violencia juvenil en las comunidades, el combate coordinado al crimen organizado, el apoyo y asistencia a las víctimas, así como un sistema de protección de testigos, entre otros. Y que la prevención de la migración deje de estar ligada a la política de seguridad nacional, mediante militarización y fuerzas de tarea fronterizas, y pase a tener un enfoque de seguridad humana y de derechos humanos.
- Que se fortalezcan las capacidades y la profesionalización de la red consular a lo largo de la ruta migratoria, para que los consulados puedan identificar, referir y asistir a los migrantes que presenten necesidades de protección internacional y brindar información acerca del derecho a solicitar asilo y otras formas de protección complementaria.
- Que se implementen estrategias y programas para la población deportada o retornada de manera que se logre evitar el desplazamiento forzado circular, debido a la ausencia de mecanismos de asistencia y protección.
- Que se profundice en la investigación, partiendo de la multicausalidad y complejidad del fenómeno, enmarcada especialmente en los flujos mixtos y en patrones y categorías de desplazamiento, sus causas y sus necesidades de protección. Esto debe realizarse para promover el debate que genere propuestas entre todos los actores (gobiernos y sociedad civil).
- Que se busquen mecanismos que reduzcan la criminalización de las personas migrantes y refugiadas, y la re-victimización de las mismas, así como la estigmatización que sufren las personas que huyen de violencia, al señalárseles como “posibles delincuentes” o personas que “no traen nada bueno” a los países que arriban.
La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA) es la articulación de las instituciones de la Compañía de Jesús en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá que promueve el trabajo comprometido con las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y sus familiares y otros actores de cambio en la defensa de sus derechos en los países de origen, tránsito, destino y retorno. La Red sostiene que toda persona tiene derecho a vivir, trabajar y realizarse humanamente y en plenitud en su lugar o país de origen. Pero cuando ello no es posible, tiene el derecho de buscar mejores condiciones de vida fuera de su lugar de origen, bien sea dentro de su país o atravesando alguna frontera internacional.
Para más información: rjmcentroamerica@gmail.com
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1 http://blog.unhcr.org/globalviews/protecting-crisis-migrants/
2 UNHCR, Children on the run. Unaccompanied Minors: Humanitarian Situation at US Border.Julio 2014. Disponible en http://www.unhcrwashington.org/children/reports Y ACNUR, Arrancados de Raíz: Causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional, Noviembre 2014. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
3 “Representation is Key for Unaccompanied Minors in Immigration Court,” Trac Immigration Project de Syracuse University, http://trac.syr.edu/immigration/reports/371/ June 2015.
4 Secretaría de Gobernación, Estadísticas COMAR 2013, http://bit.ly/1qC6jZf
5.Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, 2013, http://bit.ly/1qC6nbn; Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, Enero a Abril de 2014, http://bit.ly/1qC7yHD
6 96,271 guatemaltecos, 80,996 hondureños y 73,272 salvadoreños.
7 http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/declaracion-de-cartagena-sobre-los-refugiados/
