A nivel mundial, debido al virus del covid-19, se paralizó la economía, el turismo, la industria, la cultura y otras dimensiones de la vida social y productiva. No obstante, la maquinaria deportadora desde Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) se mantuvo imparable. Para el caso salvadoreño, de enero a junio de 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) deportó 5,623 compatriotas, que incluyó a 174 niños y 136 niñas. Donald Trump pretende acabar con la migración en cadena (se estiman 2.9 millones de salvadoreños que viven en EE.UU) y con la institución del asilo. Para ello ha implementado algunas políticas y prácticas entre las que figuran: 1) expulsiones ilegales masivas de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México (fast track); 2) Separaciones ilegales de familias, con las que la administración Trump ha infligido deliberadamente sufrimiento extremo a las familias, con maltratos que han llegado al grado de tortura, en algunos casos muy similar a los ocurridos en los campos de concentración, y 3) detenciones cada vez más arbitrarias e indefinidas de solicitantes de asilo sin posibilidad de libertad condicional. Todas estas prácticas han continuado a pesar del inminente riesgo de contagio de covid-19. Además, Estados Unidos ha aprovechado la pandemia para obstaculizar aún más el acceso al asilo para quienes huyen de sus respectivos países.
En México la pandemia tampoco ha impedido la detección, detención y deportación de los migrantes. Las estaciones migratorias se han llenado y vaciado una y otra vez. Los recintos no contaban ni cuentan actualmente con servicio médico las 24 horas, no hay chequeos de temperatura frecuentes, sigue habiendo hacinamiento, el suministro de jabón es muy limitado, no hay agua, hay falta de mascarillas. Una situación muy similar a la de los centros de detención en los Estados Unidos. Durante la pandemia, la maquinaria deportadora del Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha obligado a retornar a 1,822 salvadoreños, incluyendo 159 niños y 105 niñas. Ante la pandemia, el gobierno mexicano optó por deportar a los migrantes del TNCA que estaban detenidos en las estaciones migratorias. De esta forma, el Gobierno mexicano negó a los migrantes el acceso a la protección internacional, lo que implica una violación a los principios y normas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, los instrumentos regionales sobre refugiados, aplicables al principio de no devolución.
¿Qué ocurrió en El Salvador con las personas que fueron deportadas? Nada muy diferente a lo sucedido en los Estados Unidos y México. Fueron enviadas a centros de contención “especializados”. La Dirección General de Migración y Extranjería gestionó estos centros. En suelo salvadoreño, la tortura de la detención continuó, en algunos casos, hasta por más de 40 días. La segregación por el hecho de ser deportados era lo único “especializado” en los centros de contención, porque todo lo demás fue un trato no digno compartido con otros salvadoreños: los locales carecían de ropa de cama, no había espacio para el distanciamiento físico, no había pruebas para la detección de covid-19 y, cuando las hubo, no se informó sobre los resultados de la misma. Tampoco hubo elementos esenciales para la prevención del covid-19: mascarillas, alcohol gel, jabón y agua potable. Además, muchos centros de contención se inundaron durante algunas lluvias, lo que hizo más calamitosa la situación de las personas retenidas (un eufemismo que utilizó el Gobierno de El Salvador para referirse a las personas detenidas en esos centros). La arbitrariedad en cuanto al cumplimiento de la cuarentena fue la norma. Durante este tiempo, al país ingresó niñez deportada que nunca fue atendida de acuerdo a sus necesidades. Desde junio de 2019, con la llegada de Nayib Bukele al gobierno salvadoreño, todo el sistema de protección integral de la niñez fue desactivado. Al llegar la crisis por la pandemia de covid-19, no hubo coordinación ni protocolo activo para atender a la niñez retornada porque el sistema de protección de niñez, creado en 2009 a partir de la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), se encontraba desmantelado o desmovilizado.
Otro grupo que resultó afectado durante la pandemia fueron los autodenominados “varados”. Los varados hacen referencia a los 4,500 salvadoreños y salvadoreñas (dato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) que no pudieron ingresar al país desde que el 17 de marzo se cerró el aeropuerto. Se reportó que hubo ciudadanos/as salvadoreños/a varados en alrededor de 80 países del mundo, aunque la gran mayoría quedó varada en Estados Unidos. En la red social Twitter, los varados crearon el hashtag #VaradosSV y desde ahí denunciaron su problemática, ya que el gobierno salvadoreño no mostró mayor voluntad para repatriarlos mientras perduró el cierre del aeropuerto. Algunos de los varados tuvieron que “autorepatriarse”, pagando sus propios boletos de regreso y buscando salvoconductos para ingresar en las fronteras terrestres después de atravesar otros países.
En definitiva, en El Salvador, la gestión de los deportados, la niñez migrante y los varados constituyó una dimensión más de una respuesta fallida del Gobierno salvadoreño a la pandemia del covid-19. Esta respuesta estuvo marcada por el autoritarismo, la improvisación, la falta de diálogo entre los poderes del Estado, la opacidad en el manejo de los fondos públicos y, además, caracterizada por el irrespeto a los derechos humanos.
* Moisés Gómez, de la Vicerrectoría de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 20.
Fuente: UCA El Salvador
