Ante la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, país que prohibía esta actividad extractivista desde marzo de 2017 luego de años de lucha y sacrificios de comunidades, organizaciones y ambientalistas, la Iglesia Católica ha reiterado su postura contraria a la minería y su compromiso con la defensa de la vida, la salud pública y el medio ambiente.
La Conferencia Episcopal de El Salvador, a través de un comunicado publicado el 12 de diciembre de 2024 que se leyó en todas las parroquias del país, expresó su preocupación por los efectos de la minería en un país vulnerable en materia ambiental: “nos mueve únicamente el bien del pueblo (…) ratificamos nuestra posición totalmente contraria a la derogación de la Ley de prohibición de la minería metálica aprobada en marzo del año 2017”. El documento reza, también, que la institución está «a favor del desarrollo económico”, pero que consideran que “la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo».
La postura de la Iglesia no se basa únicamente en consideraciones éticas y de justicia social. Académicos, ambientalistas y organizaciones sociales salvadoreñas han documentado estudios y evidencia científica que alertan de la inviabilidad de la minería en el territorio: Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), institución de la Compañía de Jesús en Centroamérica, explicó que “la minería requiere enormes cantidades de agua en cada fase del proceso. Las minas promedio en Centroamérica utilizan más de un millón de litros de agua diario”.
La UCA, a través del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), también ha documentado la postura de la población salvadoreña sobre la reactivación de la minería: 59% de la población opinó que El Salvador no es un país apropiado para la misma, mientras que un 61% piensa que estas actividades traerán un impacto negativo en materia ambiental para el país. Académicos de la universidad señalaron, también, la falta de estudios concretos que justifiquen la aprobación de esta ley. Además, se refirieron a la actual situación de estrés hídrico en el país que empeoraría con las actividades mineras.
En este sentido, la posición de la Iglesia salvadoreña está alineada con un enfoque de desarrollo económico que no dependa de actividades extractivas destructivas. La Conferencia Episcopal recordó en su comunicado que “la extracción de los metales preciosos, se realiza utilizando grandes cantidades de agua en la que se diluyen grandes porciones de cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, todos ellos son sumamente tóxicos y letales. Después del proceso de extracción queda la gran cantidad de agua convertida en veneno letal”. La defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables es otro de los pilares de la postura eclesial, que resalta la necesidad de buscar alternativas de desarrollo económico más inclusivas y sostenibles que no atenten en contra de los derechos humanos.
Esta visión está inspirada en las enseñanzas de Laudato si, que abogan por la protección de la casa común y el cuidado de la creación para las generaciones futuras. Las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús también reflejan un llamado a un desarrollo integral y sostenible. En este contexto, el jesuita P. Rodolfo Cardenal, S.J., ha señalado que, detrás de las promesas de riqueza a través de la minería, se esconden intereses que no responden a las necesidades del pueblo salvadoreño. Cardenal afirma que “la naturaleza de las multinacionales contradice el discurso inocente del oro. Estas no entienden de responsabilidades ni de riesgos humanos y medioambientales, sino de explotación y ganancias máximas”. P. José María Tojeira, S.J., advirtió que: “iniciar una explotación de este estilo en El Salvador es añadir más daño a un país ya seriamente afectado por la erosión, la deforestación, la contaminación, la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad”.
La Iglesia Católica salvadoreña, respaldada por la mayoría de la población e inspirada por las enseñanzas del Papa Francisco y la evidencia científica en torno al tema, hace un llamado a la reflexión sobre el desarrollo económico de un país con alta vulnerabilidad ambiental. Los costos de la minería tienen un alto impacto negativo en las esferas sociales y ambientales de las zonas en las que se practica. El Salvador no sería la excepción: en este sentido, la Iglesia reitera su compromiso con el bien y el cuidado de la casa común, apostando siempre por un desarrollo sostenible y respetuoso con la vida y la naturaleza.
*Imagen de cabecera: Río San Sebastián, en La Unión, al oriente de El Salvador. Así luce este río afectado por la explotación minera, antes prohibida, en la zona. Cortesía AUDIOVISUALES UCA.
