El 16 de noviembre de 1989, miembros de la fuerza armada de El Salvador asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. Han pasado 31 años y los culpables siguen sin ser juzgados.
Manuel Cubías – Ciudad del vaticano
El 12 de noviembre de este año, se llevó a cabo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas la Cátedra de Realidad Nacional. En ella participaron Andreu Oliva, rector de la universidad; José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; David Morales, defensor de derechos Humanos y Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del IDHUCA.
Andreu Oliva S.J. hizo un recuento de la lucha por llevar a juicio a los culpables. En el caso del juicio realizado en España afirmó: Los jueces de la audiencia nacional española contribuyeron al esclarecimiento de la verdad. Y aunque no pudieron hacer justicia en su totalidad, la hicieron parcialmente hasta donde las leyes les permitieron. Así ratificaron la importancia de la justicia universal y su acción subsidiaria cuando la justicia nacional no tiene la independencia necesaria para enfrentar a los violadores de los derechos humanos protegidos y apoyados por el poder que se sigue oponiendo a la justicia.
El padre Oliva evidenció “el fracaso de la justicia salvadoreña ante este mismo caso. Semanas después de la sentencia en España, ante la apelación de aquellos que fueron acusados de ser los autores de este crimen y que son los otros miembros del estado mayor al que hace referencia la sentencia de la audiencia nacional española, dos jueces de la sala de lo penal de El Salvador deciden apoyar el sobreseimiento del caso. Dejando este crimen de lesa humanidad en impunidad”.
Andreu Oliva considera que lo acontecido en el juicio en España y lo acontecido en El Salvador “son dos posiciones diametralmente opuestas: una, la opción por la verdad, la justicia y la reparación. La otra, la opción por la ocultación de la verdad, la impunidad y el olvido”.
Oliva continuó analizando esta situación y acotó que la posición de exigir “el perdón y olvido es como levantar un muro que niega la reconciliación de la sociedad y los derechos fundamentales de las víctimas. Los derechos que niegan a las víctimas son los mismos derechos que se piden para sí”.
Por ello no podemos renunciar al derecho a la verdad y la justicia, insistió, y no podemos hacerlo porque con ello haríamos un gran daño a la sociedad, estaríamos permitiendo que se socavaran las bases de las relaciones sociales y la posibilidad de la sana convivencia con seguridad y paz.
El padre José María Tojeira, exprovincial de los jesuitas de Centro América subrayó el contraste entre el juicio realizado en España y entre el realizado aquí (…) Después del fracaso del juicio, quedamos con el objetivo de buscar a los autores intelectuales”.
David Morales, defensor de derechos humanos se cuestionó ¿por qué sigue ocurriendo esta impunidad institucionalizada? Para él, “el Estado cumple el rol de proteger a los criminales y deja solas a las víctimas”.
Puso en evidencia que las numerosas veces en que se ha solicitado el acceso a los archivos militares desde el litigio penal, “la solicitud de la verdad, comenzó hace 30 años, y casi 40 desde el clamor de las víctimas que narraron su verdad”.
Morales puso el ejemplo del caso de la masacre de El Mozote, que “representa la lucha de las victimas contra el sistema que protege a los criminales y poderosos. El caso de el Mozote se presentó en 1990. Desde entonces, la lucha por la verdad ha encontrado resistencia fuerte. El tribunal y la fiscalía amedrentaba a las víctimas. Por más de dos años el fiscal y el tribunal impidieron las diligencias de exhumación”.
El caso de la masacre de El Mozote estuvo cerrado por 23 años, gracias a un bloqueo del sistema político y de justicia, gracias a la imposición de la ley de Amnistía que protegía a los criminales. Se trata de una historia de impunidad. Pero, las víctimas no se rindieron.
Fuente: Vatican News
