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Por Miquel Cortés Bofill

Coordinador Fe y Alegria Centroamérica

En muchas de nuestras sociedades se lamenta la falta de una educación pública de calidad que responda a las exigencias de la misma sociedad. Si bien es cierto que la educación es un derecho que emana de la dignidad de toda persona, no es menos cierto que muchas personas no pueden ejercer este derecho por falta de condiciones de vida digna.

Son muchos los esfuerzos que la Sociedad Civil y los Estados han realizado para sensibilizar e implementar políticas que respondan a la dignificación de los ciudadanos y ciudadanas. Y ha sido desde la educación como se ha desarrollado muchas iniciativas en favor de los valores fundamentales de las personas.

De todos modos, y a pesar que muchos gobiernos han hecho grandes esfuerzos por un mayor acceso a la educación, no se ha logrado implementar un sistema de educación publica, gratuita, de calidad para las mayorías populares. Si bien en las agendas electorales de todos los partidos políticos aparece la educación como uno de sus ejes fundamentales, no se refleja en sus políticas la prioridad de la educación. Es fácil comprobar la poco inversión que todavía hoy los gobiernos dedican a la educación pública respecto al PIB y en algunos Estados incluso se reduce esta inversión alentados por las crisis financieras.

La falta de una educación pública de calidad motiva la desigualdad social y permite el incremento de la falta de cohesión social en nuestros países. La profesionalidad de los maestros y maestras, su formación y sus actitudes son cuestionadas por la sociedad. El rol del maestro no cubre las expectativas necesarias como actor de cambio y transformación social. Muchos Estados no tienen la capacidad real de asumir en sus ministerios de educación la oferta de maestros egresados de los diferentes centros de estudio. SE culpabiliza en algunos casos la labor docente por su deficiente formación sin analizar profundamente las causas de la crisis educativa en los Estados.

Lamentablemente en algunos países se ha comercializado la educación como una mercancía más y se ha impuesto la privatización de los sistemas educativos, lejos de favorecer un acceso con equidad para los sectores mayoritarios de la sociedad. La educación pública es un derecho humano y un derecho social que no puede ser mercantilizado.

ES necesario, pues, tomar conciencia del necesario deber de los Estados de propiciar una educación de calidad en todos los sistemas educativos y en especial en la educación pública gratuita.

Para mejorar la calidad educativa ciertamente se necesita una mayor inversión que esté reflejada en el presupuesto de la Nación. Es imperante aumentar los recursos económicos y humanos para lograr una mejor educación para todos.

Pero no sólo de presupuesto vive la educación, debemos de lograr educadores y educadoras con vocación de servicio y sentido social para transformar las metodologías docentes y buscar una mejor gestión escolar con participación ciudadana. La educación pública de calidad es “escuela de ciudadanía y precondición de democracia, es posibilidad para la expresión plena de la persona cualesquiera sean sus capacidades, es medio para su inserción y participación en la construcción del tejido sociocultural y económico de su comunidad y nación.”, tal y como define el XXXIV Congreso Internacional de Fe y Alegría celebrado en Bogotá (2003).

La importancia por establecer una educación de calidad va más allá de un sentido de justicia y equidad, es una exigencia de la misma condición ciudadana de todo ser humano, de velar por la plenitud de todo ser en el marco de un sistema armónico. Son también factores culturales los que están en juego en la lucha por una educación de calidad. El bien vivir de nuestra gente será la razón de ser de la propuesta pedagógica que debe reflejar el sistema educativo en cada uno de nuestros países. Una propuesta pedagógica que conlleve valores ciudadanos y personales orientados al bien común.

La imperante necesidad de adoptar un sistema de calidad educativa nos llevara a la construcción de una sociedad más justa, con mayores indicadores de satisfacción en sus ciudadanos.

La educación pública de calidad se convierte en una fuente de oportunidades sociales y laborales para los ciudadanos y ciudadanas de cualquier Estado. El nivel educativo de las personas determina el abanico de oportunidades que pueden conseguir. El trabajo digno, los mayores ingresos personales y familiares, el acceso a la tecnología y a nuevas formas culturales está muy relacionado con el nivel de calidad en la educación recibida.

Debemos favorecer una educación pública de calidad en alianza con todos los actores sociales y educativos, buscando la calidad de vida como meta y la dignificación de las personas como fundamento ético de nuestro convivir.

Si duda, una mejor educación pública será la garantía de un desarrollo sustentable para nuestras sociedades y será la primicia de una pacífica convivencia social más allá de los Estados.

La Sociedad Civil organizada junto a los gobiernos debe velar por una educación pública de calidad al servicio de un verdadero desarrollo humano sustentable. El trabajo articulado en redes de la sociedad civil y los esfuerzos de los gobiernos por una mejor educación debe de traducirse en nuevas sociedades prósperas y solidarias.

Tomado de: http://www.facebook.com/feyalegria.guatemala