Ante el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y por los hechos de violencia e inseguridad vividos en estos días en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala, la Diócesis de Huehuetenango comparte la siguiente Carta Pastoral.
“Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 9-10)
CARTA PASTORAL
INTRODUCCION
El Obispo y los sacerdotes de la Diócesis de Huehuetenango, ante la realidad que este Departamento está viviendo en estos momentos, y asumiendo nuestro papel de pastores, tenemos la obligación de hacer prevalecer la verdad y con ella acompañar y alentar en la búsqueda de una vida mejor; por ello, nos dirigimos a los fieles católicos, agentes de pastoral, a todas las auténticas comunidades cristianas católicas, que componen la Diócesis de Huehuetenango; a las autoridades y a la población en general; a quienes exhortamos a seguir luchando por una vida conforme a los designios de Dios y en beneficio de los hijos e hijas de esta tierra, “para que nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida y vida en plenitud”.
1. BARILLAS, REALIDAD LOCAL
El 1º. de mayo del 2012; en la cabecera municipal de la Villa de Santa Cruz Barillas, se dieron los siguientes hechos: en la carretera que conduce al lugar llamado Poza Verde, en jurisdicción del Cantón Recreo B, a eso de la una de la tarde, en un incidente armado no esclarecido personas hasta ahora desconocidas, dieron muerte al campesino Andrés Francisco Miguel y dejaron heridos a Pablo Antonio Pablo (líder comunitario del lugar que no ha querido vender su tierra cercana con el terreno de la empresa Hidro Santa Cruz) y a Esteban Bernabé.
Los vecinos alarmados se reunieron y dieron aviso a los bomberos, a la policía y al ejército. Los heridos fueron conducidos a un centro hospitalario. Y por la gravedad de las heridas Pablo Antonio Pablo tuvo que ser trasladado al hospital de la Cabecera Departamental. En la escena del crimen, la gente quedó esperando la presencia del Ministerio Público, quien se hizo presente a eso de las tres de la tarde.
Los vecinos constituidos en la escena del crimen decidieron que un grupo se quedara acompañando al Ministerio Público que cumplía su labor y el otro grupo fuera al centro de la población para pedirle a las autoridades que se hiciera justicia y se esclarecieran estos hechos; así como pedirle a la población que se encontraba en la celebración de su fiesta titular que se solidarizara ante lo sucedido.
En el trayecto y conforme avanzaba el tiempo, la manifestación que había comenzado ordenada y pacífica se fue descontrolando y violentando. Hubo agresiones y destrozos de algunas ventas y comercios. Se llegó al destacamento militar donde se agredió al oficial al mando y a otros soldados y se invadieron propiedades privadas que fueron destrozadas.
Ante estas acciones un grupo de vecinos del área urbana se organizó y a eso de las 10:30 de la noche, salió por las calles del pueblo para llamar a la población para que no se dejara intimidar y exigiera a las autoridades que no se suspendiera la fiesta, pues a esa hora ya se hablaba en los noticieros de un posible estado de sitio.
Llamaron al Alcalde y a unos concejales con quienes acordaron que al día siguiente a las ocho de la mañana se realizara una reunión para asegurar la continuación de la feria titular.
Estos hechos no son aislados, tienen que ver con la situación de violencia y con un vacío de autoridad que se venía dando de años atrás: robos de camiones cargados con café o con mercaderías, robos en las residencias, robo de vehículos, el contrabando y la corrupción, asaltos en carretera, linchamientos en el área urbana y en algunas aldeas y secuestros.
Con anterioridad han venido trabajando instituciones que promueven la defensa de los bienes naturales del municipio. De hecho, el 23 de junio del 2007 se realizó la consulta de buena fe sobre la minería, a la que la población expresó un rotundo no. En este contexto, se dio la llegada de una compañía con la intención de construir una hidroeléctrica; lo cual desde el principio vino a ser motivo de manifestaciones de rechazo por parte de la gente. Eso hizo que se abriera un frente de confrontación; entre vecinos de las comunidades cercanas al área de posible construcción y personal de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A.
La prepotencia y la falta de diálogo de parte de la empresa y sus personeros para llevar adelante el proyecto, motivó a que los vecinos manifestaran su descontento ante el personal de la empresa y las autoridades locales. En algunas de estas manifestaciones se llegó al extremo de causar daños a bienes de la referida empresa. Situación que no siempre fue responsabilidad de los líderes o de las comunidades, pues se sabe de personas infiltradas que provocaron estos hechos. La situación fue agravándose más ante la incapacidad de las autoridades locales de encontrar una solución adecuada. Varios procesos se encuentran en el Ministerio Público y el organismo judicial en el Municipio de Santa Eulalia, que datan desde el 2009 sin que a la fecha hayan sido atendidas las peticiones de ambas partes.
En una acción sin precedentes en esta región, la respuesta que dio el gobierno central a los hechos del 1° de mayo de este año, fue un operativo militar y policial con la movilización de cientos de elementos del ejército y policía nacional civil provenientes de distintas subestaciones del país; y luego decretar el estado de sitio en ese municipio; acción que por la forma desproporcionada de recursos y la fuerza utilizada ha provocado en la población temor de volver a la situación de conflicto armado, desconcierto ante la actuación del gobierno e incertidumbre hacia lo que pueda suceder en el futuro.
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