Que la Fiscalía General de la República necesita reformas, es más que evidente. El nombramiento político de su titular, las deficiencias en la investigación, las relativamente pocas condenas que se consiguen en los tribunales, la impunidad, el centralismo autoritario, la mala relación con la PNC en casos importantes y, a la vez, la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.
El nombramiento de fiscal general ha sido siempre un acto politizado en extremo. Para remediarlo, podría incorporarse un proceso ciudadano de calificación de los candidatos y una especie de auditoría de los nombramientos. Por otra parte, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.
En segundo lugar, si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una Policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas. Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.
En tercer lugar, la reforma conserva y añade elementos que chocan con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Fiscalía incapaz de investigar casos en menos de dos años, que tiende siempre a ponerse en contra de la presunción de inocencia y que suele solicitar medidas cautelares privativas de libertad quiere ahora ampliar el plazo de imposición de medidas a tres años. ¿Indemnizará el fiscal general a quienes resulten inocentes en juicio y hayan pasado tres años presos? La pronta justicia como mandato constitucional no parece interesar en absoluto a la Fiscalía.
Ojalá la Asamblea Legislativa sea por una vez sensible a los derechos constitucionales y humanos de los salvadoreños, y analice y dialogue con la sociedad civil sobre las disparatadas reformas fiscales que se están proponiendo. El Salvador y su gente requieren de una Fiscalía profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.
Fuente: UCA El Salvador
