Ante la condena del coronel Montano por la Audiencia Nacional de España, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, considera oportuno hacer las siguientes consideraciones:
1.- Siempre hemos querido y seguimos pretendiendo que el juicio relativo a la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras sea realizado en El Salvador. El juicio abierto en España por los familiares de los jesuitas tiene un valor subsidiario que agradecemos, en favor de la justicia salvadoreña. Este juicio, cuya vista pública pudo ser seguida desde cualquier parte del mundo, dejó muy clara la seriedad con que la justicia española asumió el caso y las plenas garantías procesales con las que contó el acusado.
2.- Aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, consideramos que es más importante el proceso realizado en España por el extraordinario servicio a la verdad. A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador.
3.- El proceso llevado a cabo en la audiencia Nacional de España ha evidenciado con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de la Escuela militar de 1966, más conocida como “La tandona”, funcionó desde el poder como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el estado de derecho, valiéndose de un poder de facto que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la constitución salvadoreña a la institución armada. Mientras la Fuerza Armada, a nivel institucional, no pida perdón por las graves violaciones de derechos humanos del pasado y no coopere con la justicia abriendo sus archivos, difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos.
4.- Tenemos la confianza que la resolución de este juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos. El Estado en general, y el Órgano judicial, especialmente, debe ser consciente y responsable de sus atribuciones constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 1 de la Constitución que los convoca a velar por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
5.- Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. Expresan la triste realidad de un pasado y lo peor de la condición humana, su capacidad de ofender gravemente a la vida y romper con la fraternidad, a la que la humanidad está llamada. Pero son un reconocimiento formal, legal y democrático de la verdad y un estímulo y garantía de no repetición de estos actos inhumanos.
6.- La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacía el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la UCA. El camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón. La continuación del proceso judicial de la masacre de la UCA en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los otros autores intelectuales de esa horrenda masacre es todavía una deuda de la justicia que no debe seguir esperando más.
7.- Seguimos trabajando con esperanza e ilusión, para contribuir a una nueva realidad donde el amor, la reconciliación y la justicia sean valores esenciales.
Antiguo Cuscatlán, a los 11 días del mes de septiembre de 2020
Fuente: UCA El Salvador
