Es mérito del presidente Bukele haber puesto de manifiesto con claridad meridiana la debilidad institucional. Ningún otro gobernante ha hecho tanto para evidenciar las fallas del régimen salvadoreño. El mandatario ha puesto a prueba hasta dónde puede llegar el poder del presidente. Nadie se lo ha estorbado. Nadie se ha atrevido a frenar las constantes violaciones a la institucionalidad. Bukele ha demostrado que puede ejercer el poder presidencial de forma absoluta. Las instancias que debían impedirlo son débiles y, más importante aún, sus directores no se caracterizan por la independencia de juicio. Ocupan los cargos para complacer al mandatario de turno. Por eso, el presidente Bukele avisa al fiscal general que si no se pliega a sus órdenes, no habrá reelección. Si por acaso uno de esos funcionarios se arma de valor y pide cuentas, es descalificado e insultado. Ejemplo de ello es la acusación de alineamiento político que un contrariado ministro de Hacienda lanza contra la Corte de Cuentas, que pretende auditar la disponibilidad de fondos de esa dependencia. Una de las descalificaciones más corrientes es atribuir partidismo político a quien cuestiona o pide cuentas.
En este peculiar ejercicio del poder, Casa Presidencial utiliza dos conceptos de política, uno negativo y otro positivo. Política perversa es criticar, interpelar o fiscalizar a los funcionarios del Ejecutivo. Esta visión de la política es la que prevalece en la desautorización que el presidente Bukele hizo en su última cadena nacional de la prensa, la Sala de lo Constitucional, los congresistas estadounidenses y la UCA. La discrecionalidad con la cual los presidentes anteriores se han servido de la llamada “partida secreta”, su caja chica, es motivo de escándalo, pero cuestionar al presidente Bukele por continuar con esa práctica y por impedir el escrutinio público de las cuentas del poder ejecutivo es reprobable. El presidente Bukele, en virtud de su oficio, es incuestionable.
La oscura gestión del poder ejecutivo camina parejo con el fuero de los funcionarios y el secreto militar. Oscuridad, fuero y secreto son instrumentos eficaces de la impunidad y, en cuanto tales, promotores activos de la corrupción. El fuero libra a los funcionarios de la justicia ordinaria. No solo los diputados de Arena y del FMLN se han escudado en él para evadir responsabilidades penales y civiles. Los socios de Bukele también se valen de este recurso. El último ha sido un diputado afín al presidente, que se saltó un semáforo en rojo con un saldo de dos fallecidos y varios lesionados. La Policía aprovechó el privilegio del fuero para eliminar las pruebas que incriminaban al legislador.
En el caso de los archivos militares relacionados con la masacre en El Mozote, la cuestión no era preservar el secreto militar, tal como alegaron los militares, sino que, según la lógica predominante del poder, corresponde al presidente Bukele seleccionar y entregar personalmente los expedientes. Así, por obra y gracia suya, aparecieron unos documentos que hasta entonces decían inexistentes. El secreto militar ha sido usado así para engrandecer la figura presidencial. Al mantener su decisión de inspeccionar los archivos, el juez de la masacre ha demostrado más entereza y dignidad que el presidente y la cúpula de la Fuerza Amarada.
Otra razón igualmente importante para desobedecer la orden judicial es la inviolabilidad que los militares atribuyen a sus recintos. Los militares no toleran que los civiles ingresen en sus cuarteles y mucho menos que les den órdenes. No es la primera vez que la acción judicial se detiene ante el portón de un cuartel. La Fuerza Armada es aún desobediente, política, deliberante y, en ese sentido, poco profesional. Tal vez la anunciada reforma constitucional le pone remedio a esta anomalía.
El otro concepto de política, el positivo, habilita al presidente Bukele para interpelar, desautorizar e insultar a todos aquellos que no acatan sus órdenes. En virtud de su cargo, según los voceros de Casa Presidencial, puede decir cualquier cosa, incluso contradecirse o desear la muerte. Los partidarios de la guerra suelen sostener que en política nada es firme. En los tiempos que corren, la política habilita para el desafuero. Si el presidente desprecia la institucionalidad, no hay razón para que la gente no siga su ejemplo. De hecho, muchos comportamientos ciudadanos están reñidos con la legalidad y las normas básicas de la convivencia. Estas prácticas, cada vez más generalizadas, atentan contra la seguridad ciudadana, la armonía social y la solidaridad. A pesar de ello y en continuidad con la conducta presidencial, el ciudadano tiene también derecho a hacer política.
En las democracias, los jefes de Estado, los primeros ministros y los presidentes están sometidos a la justicia ordinaria. Aquí, el sistema está pensado para facilitar el presidencialismo autoritario, la corrupción y la impunidad. Una reforma constitucional sana y robusta debe empezar por someter a todos los funcionarios sin excepción a la justicia ordinaria y por reforzar los contrapesos democráticos para contener al presidencialismo exacerbado.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Fuente: UCA El Salvador
