El país se está acostumbrando a que en los conflictos más publicitados, el Gobierno, con el presidente a la cabeza, sea protagonista y promotor. Ya sea un escándalo que revela irregularidades gubernamentales o bien cortinas de humo para taparlo, el Ejecutivo siempre está en el centro de la escena. La última polémica es el retraso en el pago de los salarios de septiembre a empleados de los órganos judicial y legislativo. Ya se hizo efectivo el pago a los primeros, pero los segundos siguen en vilo. El Gobierno dice no tener fondos y que mientras no se aprueben más préstamos, no les podrá pagar. Ante esta explicación, hay dos posibilidades. La primera, que sea verdad que no tiene recursos; y la segunda, que se trata de una venganza o un chantaje contra el primer órgano del Estado. En todo caso, la situación no habla nada bien de la actual administración. Si es cierto que no tiene fondos, entonces el país está mucho peor de lo que se dice y las finanzas públicas han colapsado. Si el asunto en el fondo es una venganza o chantaje, la acción es grave porque no solo viola la ley, sino que toma a un grupo de trabajadores del Estado como rehenes de la guerra política y electoral que libra el Ejecutivo.
Por los antecedentes, es difícil creer que el Gobierno no tenga dinero. Hay varias razones para pensar que esta es una maniobra más. Primero, porque el chantaje es una de las estrategias preferidas de Nayib Bukele para lograr sus objetivos. La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero se debió a que los diputados no le aprobaban un préstamo por $109 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial. Segundo, porque el mismo presidente amenazó en mayo pasado con no pagar los salarios a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no le aprobaban una cuarentena estricta de 15 días. Tercero, porque es difícil creer que el Gobierno se ha quedado sin fondos cuando, con dinero público, ha contratado a decenas de periodistas y comprado equipos para montar sus propios medios de comunicación. Cuarto, los afectados por la acción son los miembros de los otros dos poderes del Estado, encargados de hacer los contrapesos propios de una república democrática. Si hubiese falta de liquidez en las finanzas públicas, el Gobierno debería dar ejemplo rebajando o reteniendo los salarios de sus funcionarios de más alto nivel. Quinto, porque el Ejecutivo se ha rehusado a rendir cuentas de los cientos de millones de dólares que ha gastado en la pandemia, y al condicionar el pago de salarios a la aprobación de más préstamos seguiría en el camino de la opacidad y del secretismo que lo caracterizan.
En el hipotético caso de que el Gobierno se hubiese quedado sin dinero, ello sería fruto de la falta de planificación y priorización de los gastos. Algunos seguro argumentarán que el exceso de gastos y la disminución de ingresos se debe a la pandemia, lo cual no es falso. Sin embargo, otros países han pasado por lo mismo y no han llegado al impago de los empleados del Estado. La decisión de emprender obras millonarias con fines publicitarios, haber contrapuesto maniqueamente la salud a la economía, exacerbar el conflicto entre los poderes del Estado y gastar a manos llenas sin tener ningún plan de gobierno está metiendo al país en una de las peores crisis económicas de su historia. Haya o no verdad en la razón esgrimida por el Ejecutivo para echar adelante su nueva polémica, El Salvador se hunde entre memes y aplausos de barras bravas.
