Dialogar y negociar son cosas distintas: se dialoga para buscar la solución de problemas comunes; se negocia para obtener beneficios. Negociar con criminales no es legítimo, aunque no falta quien lo haga. Dialogar es otra cosa. Cuando la situación social y económica de un país es fuente de violencia, el diálogo es siempre necesario si se pretende solucionar adecuadamente el problema. En el diálogo sobre violencia debe haber expertos, autoridades, políticos de diversas líneas ideológicas y también delincuentes arrepentidos o incluso encarcelados. El diálogo es para buscar soluciones, no beneficios, y por eso, cuando se trata de solucionar un problema social, debe ser trasparente y abierto a la observación pública. Todo lo contrario de las negociaciones secretas de políticos. La negociación para obtener ventajas acaba siempre fortaleciendo a las dos partes que negocian y prolongando y agravando el conflicto. Incluso el ejemplo del Estado termina por incidir en la vida ciudadana, forzando a empresas, especialmente a algunas de las grandes, aunque lo nieguen, a pagar cantidades mensuales a las maras para obtener el permiso de distribuir sus productos en determinadas colonias.
En El Salvador, el diálogo con las maras produce automáticamente aversión. En algunos, porque tienen un concepto erróneo tanto de los problemas sociales como de los derechos básicos de la persona. En otros, simplemente, y con toda razón, porque se sienten engañados por las negociaciones secretas de los políticos. Se emplea dinero público, se suavizan algunos de los conflictos o delitos existentes, pero permanecen otros. Y al final terminan mejor quienes pactaron: unos con votos o prestigio político, otros con impunidad y con fortalecimiento de sus propias estructuras. Con demasiada frecuencia la delincuencia organizada tiene más astucia que los negociadores gubernamentales. Estos pretenden objetivos de corto plazo, mientras que la delincuencia organizada disfruta de un tiempo tranquilo para organizarse en el largo plazo.
Más allá de los conceptos erróneos de quienes son partidarios de tratar a los delincuentes como cosas y pretenden exterminarlos brutalmente, las negociaciones tramposas y parciales, que han sido frecuentes entre nosotros, indignan profundamente al ciudadano democrático. El Estado está para garantizar la paz social. Y si dialoga sobre un tema de violencia, lo que tiene que buscar es la erradicación de las causas de esa violencia, al tiempo que la persigue en el día a día a todo nivel. Negociar a oscuras, sin diálogo y participación de otros sectores de la sociedad civil y política, conduce al establecimiento de formas de proceder contrarias a la ética. El diálogo no puede nunca significar que se deja de perseguir el crimen. Es una oferta de paz condicionada a la no violación de las leyes y a la reforma de estructuras y situaciones sociales que producen o reproducen violencia. Lo contrario, una paz ficticia que solo hace disminuir un aspecto de la violencia, no puede ser tolerado.
Es evidente que los políticos de Arena y el FMLN tuvieron conversaciones con las maras. Fueron secretas y no resolvieron el problema, por eso es lógico que se investiguen. Algunos de los actuales funcionarios también se reunieron con pandilleros en algún momento. También ellos deben ser investigados. No podemos condenar, anticipadamente, a ninguno de ellos. Pero la investigación es imprescindible, porque no faltan las interpretaciones e incluso datos y testimonios que insisten en el tema de favores mutuos y formas ilegales de proceder. Salir de la tendencia a la negociación del beneficio inmediato y construir diálogos de largo plazo, orientados a la solución de nuestros múltiples problemas económicos y sociales, es el único camino democrático. El resto es, simple y llanamente, corrupción.
* José María Tojeira, director del IDHUCA.
Fuente: UCA El Salvador
