18 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
NO MÁS MUROS: POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
En el Día Internacional del Migrante, las instituciones que promovemos la Campaña por la Hospitalidad pedimos que las políticas de gestión migratoria vigentes en la región de Latinoamérica y el Caribe cumplan con los DDHH y con los principios de protección internacional.
Migrar es cada vez menos una elección libre y más una opción impuesta por nuevas causas (entre ellas: el desastre natural o ambiental y la violencia generalizada) que se suman a las circunstancias económicas adversas, generando flujos de movilidad forzada y exigiendo medidas específicas de protección. Día tras día, este año 2015 ha puesto en evidencia el carácter global de las migraciones y las múltiples causas que fuerzan a las personas a desplazarse. Las recientes interceptaciones de personas de nacionalidad siria en Centroamérica y en la frontera con Texas demuestran, una vez más, el alcance mundial que adquieren los conflictos y las crisis sociales en un mundo interconectado y la gran resiliencia de los seres humanos frente a los horrores de la violencia, de la guerra o de la pobreza. Si los sirios huyen de la guerra llegando hasta Latinoamérica, la población del Triángulo Norte de Centroamérica escapa de la violencia de las extorsiones, del reclutamiento forzado y de los secuestros y de la exclusión social. La población de Haití deja un país cuya pobreza ha sido amplificada por el terremoto del 2010 para alcanzar no sólo República Dominicana, sino también Ecuador, Brasil y Chile. En Colombia los diálogos entre el Gobierno y las FARC alientan la esperanza de la paz, sin embargo aún permanece una dinámica de desplazamiento forzado, producto de la confrontación armada, y la violencia en la costa pacífica colombiana desplaza a la población hasta Ecuador, Perú y Chile. Un número creciente de cubanos emprenden un largo camino por tierra hacia Estados Unidos, empezando por Ecuador o Venezuela y pasando por Colombia y Centroamérica. Desde África, senegaleses y nigerianos empiezan a llegar al Cono Sur.
Sin embargo, la respuesta de los Estados sigue siendo inadecuada, cuando no son éstos responsables del agravio de la vulnerabilidad de las personas migrantes o desplazadas forzosamente. Se invierte más en obstaculizar el camino de las personas migrantes, que en atender sus circunstancias, identificar los casos que merecen protección especial y favorecer la integración social. La reticencia de Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en otorgar refugio a los migrantes centroamericanos quebranta sus derechos fundamentales. Las trabas burocráticas y la falta de colaboración entre Haití y República Dominicana han mermado el alcance del Plan Nacional de Regularización a través del cual las y los migrantes haitianos por primera vez tenían la oportunidad de acceder a la residencia legal en República Dominicana. En Costa Rica salir de la irregularidad migratoria supone pagar una multa inasequible para la mayoría de los migrantes nicaragüenses. La complejidad y los costes de los procesos administrativos, la aplicación arbitraria o incompleta de las normas y los prejuicios erigen muros legales, económicos y sociales que excluyen a las y los migrantes tan duramente como las vallas y los muros físicos.
Las fronteras siguen siendo lugares de especiales arbitrariedades y vulneraciones de derechos. El “Plan Frontera Sur” entre México y Guatemala ha endurecido los controles policiales obligando a las personas migrantes a buscar rutas alternativas donde son fácil presa de grupo criminales. El cierre de la frontera con Colombia, impuesto por Venezuela desde finales de agosto, ha sido acompañado por deportaciones masivas e indiscriminadas de colombianos, en violación del principio de no devolución (Art. 33 de la Convención de Ginebra). Nicaragua ha cerrado unilateralmente su frontera con Costa Rica para impedir el tránsito de migrantes cubanos hacia Estados Unidos, agudizando su situación de vulnerabilidad. El marco normativo chileno otorga un amplio margen de discrecionalidad a los funcionarios en frontera, lo cual afecta las posibilidades de ingreso al país de la población afrocolombiana que queda “varada” en el territorio peruano.
Frente a los tantos muros que niegan la dignidad y los derechos de las personas migrantes y/o desplazadas forzosamente, la Campaña por la Hospitalidad insta a los Gobiernos a seguir los ejemplos de hospitalidad de la Sociedad Civil, como demuestra la red de 60 albergues para migrantes que recorre México, y a implementar medidas que reconozcan a los migrantes como sujetos de derechos que contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades, si están plenamente integrados. Entre ellas, recomendamos la puesta en marcha, de manera coordinada entre los Estados, de corredores humanitarios y de procedimientos ágiles para la identificación de personas con necesidades de
protección internacional, unos procesos administrativos simplificados, asequibles y eficientes para la obtención de la residencia legal o del estatus de refugiado, el acceso oportuno a la información y a la orientación legal, en el marco de sistemas normativos que posibiliten la libre circulación de las personas y la garantía de sus derechos.
Apostamos por la hospitalidad como el horizonte y el camino para construir sociedades equitativas y solidarias, sin discriminaciones o exclusiones: ¡la hospitalidad rompe los muros de la hostilidad!
Para mayores informaciones: rjm.hospitalidad@sjrlac.org
La Campaña por la Hospitalidad (www.campañaporlahospitalidad.com) es una iniciativa