COMUNICADO
Ante los recientes hechos sobre la situación de riesgo que enfrentan la niñez y juventud hondureña, la Pastoral de Movilidad Humana, Casa Alianza-Honduras, la
Red Jesuita con Migrantes y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y Radio Progreso, manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: En la última década, los patrones de migración se han complejizado. A los factores tradicionales relacionados con la pobreza extrema, la desigualdad y exclusión social, y la falta de oportunidades socioeconómicas que provocan la expulsión de miles hondureños y hondureñas, se suman también el incremento de la violencia y la criminalidad organizada que han penetrado a las propias instituciones del Estado.
SEGUNDO: La niñez y la juventud son las principales víctimas de esta realidad, que se agrava con la falta de una visión humana e integral de atención hacia ellos, y que se concreta en la falta de una figura institucional eficiente y permanente para la protección de la niñez, en la invisibilización del Instituto Nacional de la Juventud y en la falta de una investigación efectiva que ponga un alto a la impunidad que rodea los casos de los 3,793 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años ejecutados arbitrariamente durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y de los 270 casos documentados solo en los primeros 3 meses del gobierno de Juan Orlando Hernández.
TERCERO: El aumento de los flujos migratorios de niños, niñas y adolescentes es consecuencia directa de la falta de voluntad política y la incapacidad del Estado de Honduras de prevenir, investigar y sancionar todas las acciones y omisiones de actores públicos y privados que obligan a nuestra niñez y juventud a migrar. Es cierto que el gobierno hondureño debe exigir la adopción de las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de los niños, niñas que están siendo detenidos y deportados de Estados Unidos y México; pero con igual y más exigencia debe asumir su responsabilidad en el contexto de las causas que obligan a nuestros niños, niñas y jóvenes a huir de la miseria y la violencia.
CUARTO: Es imperativo que el Estado hondureño elabore e implemente medidas y políticas públicas adecuadas para brindar soluciones sustentables a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo integral de la niñez y juventud, lo cual implica, entre otras cosas, una profunda revisión de sus limitados enfoques asistencialistas y militaristas para enfrentar la pobreza y la violencia. No es el programa “Guardianes de la Patria” ni la militarización de las calles ni la depuración fallida de los órganos encargados de brindar seguridad e impartir justicia ni la creación de bonos asistencialistas, lo que resolverá los tejidos rotos de una sociedad vestida en harapos; sino, como lo señala UNICEF, proporcionar a la niñez y a la juventud “el apoyo la atención, la protección, la educación y las oportunidades de preparación para la vida activa que necesitan con tanta urgencia”.
QUINTO: Ante la decisión de las autoridades estadounidenses de deportar a los niños, niñas y jóvenes que están siendo detenidos en sus fronteras, pese a reconocer que se trata de una crisis humanitaria, traemos a colación lo expresado por el Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, en el sentido que“estos hechos son una muestra más de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las decenas de miles de niños migrantes (…) Es necesario que el Estado implemente una política migratoria que garantice de manera real la protección de los derechos de los niños migrantes y no políticas o medidas centradas en la criminalización de los niños migrantes, tales como la detención automática y la deportación sin la observancia de las garantías del debido proceso”.
SEXTO: Recordamos que la niñez y juventud son un grupo vulnerable que requiere de un tratamiento y una protección especial, por lo que hacemos un llamado a todos los Estados centroamericanos, mexicano y estadounidense a tomar medidas fundamentadas en el interés superior del niño y de la niña, que se constituye en (a) un principio regulador de la normativa de los derechos de la niñez y un punto de referencia que busca asegurar la realización de todos sus derechos; (b) una forma de interpretación de los derechos de la niñez en la medida que obliga a los Estados e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos; y (c) un límite a la discrecionalidad estatal tanto en la elaboración de normas legales y administrativas, como en la toma de decisiones por los órganos jurisdiccionales.
SÉPTIMO: Estamos convocados todos y todas, organizaciones defensoras de derechos humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, el gobierno en toda su estructura y la población en general, para hacer un debate serio y responsable que conduzca a sentar las bases de políticas públicas en materia de migración, niñez y juventud, y así dignificar a esos sectores que por décadas han sido marginados y olvidados. Tenemos la obligación de encontrarnos y construirnos desde la niñez y juventud, y desde un pueblo que emigra sediento de justicia, paz y solidaridad.
Dado en Tegucigalpa, M.D.C. a los 2 días del mes de julio de 2014.
