Red Jesuita con Migrantes Centroamérica & Norteamérica se pronuncia sobre:
La migración de los niños y niñas centroamericanos a Estados Unidos
¿Quiénes son los responsables? ¿Y cuáles son las acciones urgentes?
El doloroso drama de las personas menores de edad migrantes y refugiadas centroamericanas, fue advertido desde hace tiempo por diferentes organizaciones de sociedad civil y religiosas. Sin embargo, fue hasta inicios de junio pasado cuando estalló en los medios de comunicación como una crisis humanitaria, no sólo por los reportajes e imágenes que circularon sobre el hacinamiento de los niños y las niñas en centros de detención en Estados Unidos, sino también al revelarse que la cantidad de personas menores de edad indocumentadas y no acompañadas que la Patrulla Fronteriza ha detenido en los último 8 meses ya sobrepasan las 57 mil. A la vez, el Instituto Nacional de Migración (INM) en México informó que en los que va del año, los centroamericanos detenidos y deportados desde México superaban los 55 mil, siendo que más de 11 mil eran niños, niñas o jóvenes, mayoritariamente hondureños.
Desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses, esta crisis es un problema administrativo, dado que "únicamente" cuentan con 260 jueces de 59 tribunales de inmigración para resolver un pendiente de más de 375 mil casos de procesos de deportación, 10% de los cuales corresponden a menores de edad. Desde la perspectiva de Centroamérica, esta crisis es la revelación de una tragedia profunda y estructural. Todos esos niños y niñas van huyendo de la violencia, de la pobreza y del abandono. Buscan sobrevivencia, protección, paz, trabajo y, en algunos casos, el sueño de reunirse con sus padres.
La fuerte campaña de política exterior desplegada por Estados Unidos en el último mes con el pretexto de esta crisis humanitaria, ha promovido en Centroamérica y México la adopción de nuevas políticas nacionales bajo los enfoques de criminalización, seguridad y control migratorio. Un ejemplo ha sido la forma como se señala el incumplimiento de la responsabilidad parental de estos niños y niñas como una de las razones de la crisis, a la vez que se deja de lado la indiferencia de los gobiernos de la región y las flagrantes violaciones de derechos humanos en las que incurre el gobierno estadounidense en perjuicio de todas estas personas menores de edad y sus familiares.
Funcionarios de Estados Unidos, de los más altos niveles han visitado la región a un ritmo frenético. Obama mismo ha solicitado al Congreso un fondo extraordinario de 3,700 millones de dólares, de los cuales más de 1500 millones se destinarán a las agencias encargadas de seguridad, detección y control de los migrantes, y solo 45 millones a contratar jueces adicionales para facilitar los procesos, mostrando así la prioridad del enfoque de seguridad frente al enfoque de derechos humanos.
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