El presidente Bukele saludó triunfalistamente la captura del representante de una maquiladora acusada de evasión de impuestos con un “así es como empezamos a cumplir la promesa, de que iban a devolver lo robado”. La persecución de este delito y la recuperación del dinero evadido son prioridad en un país con una agobiante crisis fiscal. Cabe dudar, sin embargo, de la determinación presidencial. El presunto evasor fue capturado y exhibido ante los medios no tanto por haber evadido impuestos como porque la empresa que representa está asociada a un connotado adversario político del presidente Bukele. El rencor es tan enconado que traicionó a los acusadores. Entusiasmados, anunciaron que habían recobrado casi 400 millones de dólares, confundiendo la cantidad imponible con la evadida, que representa poco más de cinco millones de dólares. Incluso el fiscal general, ocupado ya en la reelección, se unió al coro presidencial de la recuperación de los 400 millones. Luego rectificó y atribuyó su desafortunada intervención a un “problema de comunicación”.
La evasión fiscal no solo debe ser perseguida siempre, sino que la persecución debe empezar por los grandes contribuyentes, los que más evaden y los que, amparados en su poder, gozan de impunidad. Contrario a este sano principio, la lucha contra la evasión fiscal es muy selectiva. Solo persigue a los denigrados por el presidente Bukele como enemigos, más personales que fiscales. En cambio, los funcionarios señalados por gestión arbitraria del dinero público, excepto uno, continúan en sus puestos y malandanzas. Y no solo eso, la idea es que puedan hacerlo sin las molestias de los señalamientos, para lo cual Casa Presidencial ha reformado la ley de adquisiciones y contrataciones, con la excusa de la modernización. Esta forma de gestionar la cosa pública no sorprende. Así ha sido siempre. Los fiscales persiguen a los enemigos políticos del régimen de turno y también a los desamparados y los pobres, mientras condescienden con los amigos y los allegados. Por eso, el fiscal general no encuentra delito alguno en la toma militar del recinto legislativo. La corrupción y la defraudación fiscal prosperan en los círculos del régimen de turno.
El doble rasero se observa en la captura del ex comandante del FMLN responsable del asesinato de tres asesores estadounidenses, un hecho ocurrido casi al final de la guerra. En sí misma, la captura es inobjetable. Pero semejante diligencia no se observa en masacres como la de El Mozote y la UCA. La diferencia estriba en la nacionalidad de las víctimas. Las del excomandante eran estadounidenses, mientras que las otras eran salvadoreñas. Las víctimas, como los evasores y los corruptos, no son iguales ante la ley. En su incoherencia, los círculos presidenciales se ensañan con el diputado democratacristiano que alteró las declaraciones de los soldados que participaron en la masacre de la UCA, pero silencian la culpabilidad de los oficiales militares que la ordenaron y la encubrieron. La abundancia de pruebas no perturba a las redes sociales presidenciales. A diferencia de los militares de “la tandona”, el diputado es uno de los pocos opositores lúcidos. A los socios y aliados no se los acusa de crímenes de lesa humanidad, corrupción o evasión. De nuevo, la redes presidenciales condenan al diputado no haber encubierto un crimen horrendo, sino por revancha política. Si defendieran a las víctimas, Casa Presidencial y sus seguidores no descansarían hasta que todos, diputados y oficiales militares, respondieran ante la justicia.
El protagonista de un accidente de tráfico el fin de semana pasado, con un saldo de dos muertos, ha sido tratado indulgentemente por la Policía. Forzada por la presión de las redes sociales, esta reconoció los hechos en una declaración vaga. La actuación policial es tan torpe que no deja duda de la intención de eliminar las pruebas incriminatorias para que el diputado, incondicional del presidente Bukele, sea exonerado de responsabilidad. El mismo lo adelantó justo después del accidente, según lo registra uno de los videos. La fidelidad al presidente Bukele lo ha librado del trato duro, e ilegal, que la policía reserva en estos casos. La costumbre ha normalizado la protección y el encubrimiento de los amigos y allegados, aun cuando hayan cometido delito. Garantizar la impunidad a los incondicionales no solo es normal, sino también un acto de nobleza. En este sentido, la práctica no sorprende, lo asombroso es su continuidad, en un Gobierno que se dice totalmente diferente.
Es todo menos evidente el “no somos iguales a ellos”, tal como el presidente Bukele proclama. En su gestión gubernamental hay mucho de ellos y lo mucho que hay, para quien quiere ver, es demasiado importante como para descartarlo como irrelevante. Su concepto de la política, del poder y del para qué de ambos son idénticos a los de Arena y el FMLN. Si en realidad fueran diferentes, como insiste el mandatario, mostraría la misma aversión a Gana, al PCN y a Cambio Democrático. La exacerbación de la novedad deriva así en hipocresía.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Fuente: UCA El Salvador
