“Hay cultivos que están cerquita, a unos 100 metros del río, pero no nos permiten pasar. La gente necesita ir a ordeñar sus vacas a los corrales pero no los dejan. Las cosechas de café están madurando, ¿qué va a pasar si no se cosecha? Hay familias que quedaron a los dos lados de la frontera pero por la cuarentena no han podido regresar. Gran parte de la gente pobre se va a Honduras a trabajar y viven de estos jornales. Se están perdiendo los cultivos, milpas, frijolares. ¿Qué va a pasar con nosotros?”
Los anteriores son extractos de algunos testimonios de personas que viven en algunos municipios del departamento de Chalatenango que son fronterizos con Honduras. Estas personas narran cómo les está afectando la actuación de militares en tiempos de la pandemia. Este clamor es el que quisieron recoger los alcaldes de cuatro municipios (Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando) cuando pidieron a la Asamblea Legislativa emitir un recomendable para que el Ejército respete sus derechos. A esta iniciativa reaccionó el presidente sosteniendo que “es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales” (20 octubre 2020). Y el presidente fue más allá y aseguró que “aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas. Alcaldes, medios de comunicación y por supuesto, van adonde quienes los protegen: a la Asamblea”. El presidente, en respuesta a la demanda, ordenó al Ministro de Defensa, redoblar la presencia de los militares.
Este lamentable episodio ocurrido en esos rincones de suelo compartidos entre El Salvador y Honduras llamados “bolsones” desde la sentencia de la Haya en 1992, trascendió a nivel nacional. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en apoyo a los pobladores. También se pronunció la Diócesis de Chalatenango en un comunicado del 26 de octubre firmado por su obispo, Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar. Entre otras cosas, el comunicado afirma que “la Diócesis está hablando en nombre de estas comunidades limítrofes, para que la Fuerza Armada les conceda un trato digno y humano para que puedan desarrollar sus labores agrícolas comerciales y de libre tránsito, tal como sucedía antes de la pandemia. En estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad. Ellos no son narcotraficantes”.
El incidente, aunque muy localizado, ilustra de buena manera la tónica de la actuación gubernamental y lo que debemos esperar en los meses siguientes. En primer lugar, el presidente y todo su gabinete están funcionando en “modo” electoral. Todo lo que en este tiempo hacen y no hacen, lo que dicen y lo que callan, debe analizarse con lentes electorales. Es decir, todo lo que granjee votos al Gobierno será sobredimensionado y toda oportunidad que le haga daño a sus opositores será aprovechada. Muchos municipios fronterizos viven la misma situación que los cuatro municipios en cuestión, pero el presidente y sus asesores vieron en el hecho de que los cuatro municipios están en manos del FMLN la ocasión para seguir hundiendo al partido de izquierda. Pero los cálculos les fallaron. Porque en los mismos términos se han pronunciado los pobladores de la zona y la Iglesia Católica que les acompaña. Además, el trato degradante brindado desde el Gobierno dejó claro el desconocimiento de la realidad que vive la gente, mucha de la cual mostró, hasta estos días, simpatía con el Ejecutivo. En segundo lugar, otra característica de la coyuntura electoral de parte del Gobierno es que el presidente y su equipo es capaz de cualquier cosa con tal de ganar las elecciones en febrero próximo. En ese “cualquier cosa”, cabe la mentira, la calumnia, la manipulación de medios y, en este caso, el sufrimiento de poblaciones enteras que pasa a ser un efecto colateral secundario ante el fin mayor de conseguir más réditos electorales. Probablemente a lo mismo se deba el atraso en el pago de salarios a las dependencias del Estado que incomodan al Gobierno, el atraso en el Fodes a las municipalidades, la gran mayoría en manos de la oposición y también el atraso en las pensiones a los veteranos. El gobierno pondrá toda la maquinaria del Estado al servicio de sus fines electorales. En este caso es el Ejército el que, contrario a su fin constitucional, se pone al servicio de las ambiciones personales del presidente, como ya quedó demostrado el pasado 9 de febrero. En tercer lugar, tanto los pobladores que han dado testimonio, como los alcaldes y la diócesis chalateca que han recogido sus clamores, han dejado bien claro que no se oponen a que se persiga el narcotráfico y el contrabando. La protesta se debe al maltrato de soldados y policías a los pobladores. Reclaman un trato digno. Que en las zonas fronterizas –no solo en estas- ha existido contrabando, ha sido denunciado por las mismas poblaciones. La experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las autoridades que deben combatirlo, son las que lo facilitan. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe “Cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos, señaló que los flujos de droga en El Salvador están protegidos por la corrupción de alto nivel. La mayoría pasa por las grandes carreteras del país y sale por las fronteras autorizadas. Altos oficiales de la policía vinculados en el pasado al cartel de Texis o señalados en investigaciones como en “Los infiltrados” ocupan mandos estratégicos en la PNC actual. La estrategia de señalar a otros por lo que se hace desde dentro, es también electoral. Así ha sucedido con el nepotismo, con la falta de transparencia, con la malversación de fondos, ¿pasará lo mismo con el narcotráfico?
El sufrimiento infligido sobre poblaciones en un pequeño sector del país, se vuelve entonces, una muestra en pequeño de lo que sucede a nivel nacional.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 20.
Fuente: UCA El Salvador
